LOCAL

Urgen castigo a funcionarios por el caso Dragon Mart

CANCÚN, Q. ROO.- Organizaciones civiles que dieron la batalla para frenar el Dragon Mart Cancún, se congratularon ante la cancelación definitiva del proyecto, pero urgieron al gobierno de Quintana Roo a no dejar impunes a los ex funcionarios de la pasada administración que expidieron los permisos a nivel local.

El representante legal de Real Estate Dragon Mart Cancún, Juan Carlos López, declaró que el proyecto está cancelado definitivamente, que buscan recuperar el terreno, asegurado por la Procuraduría General de la República (PGR) para ponerlo a la venta y ganar el litigio que promovieron en contra de las millonarias multas y la clausura impuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

“Celebro que la unión de la sociedad civil y la rectificación de la autoridad, al determinar que la actuación de funcionarios federales, como el delegado de Profepa, Guy Piña, fue indebida, siga rindiendo frutos”, expresó Alejandra Serrano Pavón, quien como coordinadora regional del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), encabezó la batalla legal para frenar el megadesarrollo.

La abogada y ahora consultora independiente, subrayó que si bien la cancelación del proyecto es una buena noticia, todavía quedan pendientes penales y administrativos, como la restauración de la selva y del humedal del predio, que es una obligación de los propietarios y que debe exigirse, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

“Otro, que se castigue a los funcionarios locales que dieron autorizaciones al proyecto, además de que se tienen que revocar la autorización de impacto ambiental y de todos los permisos que quizá no sabemos si existieron a nivel estatal. Este, creo, sería el gran paso que podría dar el gobierno del estado”.

“Desde mi punto de vista no fue un tema político y la batalla de la sociedad civil  y de la comunidad quintanarroense, no fue ni por política, ni por economía; fue por interés meramente ambiental.  Siempre quisieron descalificar, desvirtuar  hablar de que había intereses detrás, pero al final del día queda muy claro que no fue así”, dijo, al señalar que el tema sienta un precedente.

El seis de septiembre de 2012, el entonces titular del Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (INIRA) del estado, Juan Pablo Ortega Ceballos, autorizó en materia de impacto ambiental, el megadesarrollo  Dragon Mart Cancún en un predio de 561 hectáreas al sur de Cancún.

 

Dicha autorización se expidió violentando el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), del municipio de Benito Juárez, de acuerdo con el CEMDA, que presentó una demanda de nulidad sobre dicho permiso, tiempo después. En esa época, el titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), Omar Raúl González Castilla, no objetó la determinación, que defendió y juzgó correcta.

Sin embargo, tres años después, cuando fungía como delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), al mando de Guillermo Haro, clausuró y multó al proyecto, declaró que la evaluación del megadesarrollo había sido incorrecta.

“Muchas veces nos dijeron que no debíamos seguir, porque era un caso perdido y que además había inversión china y la presión era muy fuerte; esas voces estaban en muchas partes y se veía como una batalla perdida, pero es muy afortunado y celebro lo doble, porque es un triunfo ciudadano”, añadió Serrano Pavón.

Con ella coincidió Rosa Rodríguez, del movimiento “Voces Unidas de Puerto Morelos”, cuyos integrantes aportaron sustento científico y técnico para objetar la construcción y operación del proyecto.

“Debería haber una penalización no sólo para los desarrolladores, sino para quienes les dieron los permisos; está el INIRA, que dio la autorización; está Guy Piña, se quedan como si no hubiera pasado nada.

“Nosotros siempre señalamos que el principal delito lo estaba cometiendo la autoridad, al autorizar indebidamente y al no frenar lo que no tenía permiso federal. INIRA autorizó y Profepa no detuvo, pese a que había claras violaciones a la legislación. Se tiene que castigar la corrupción, ese sería el sueño máximo, no sólo los inversionistas, sino a Félix González, a (Roberto) Borge, a SEMA, INIRA, que se les castigue”, expresó.

Escrito por Adriana Varillas

Reportera de Luces del Siglo


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