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Lumo arrenda patrullas a Cancún, antes la usó Borge para fraude

9 noviembre, 2018

La empresa en la que confió Mara Lezama, tiene negro historial.

 

 

POR: SERGIO GUZMÁN

 

CANCÚN, Q. ROO.- Entre marzo y septiembre de 2016 el entonces gobierno de Roberto Borge en Quintana Roo utilizó un crédito de 110 millones de pesos otorgado por la empresa Lumo Financiera del Centro S.A. de C.V. para orquestar un desfalco a la cuenta pública del estado.

 

Esta empresa, constituida en 2011 como una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad No Regulada (SOFOM-ENR), de la cual es dueña el priista Luis Humberto Montaño García, exdirector de Administración y Finanzas del Instituto de la Función Registral del Estado de México durante 2008, y exdiputado suplente a nivel federal de 2000 a 2013, vuelve a la escena pública quintanarroense pues se trata de la encargada de rentar 76 patrullas para el gobierno municipal de Benito Juárez que encabeza Mara Lezama Espinoza.

 

En esta semana, la alcaldesa defendió a capa y espada la adjudicación directa del contrato por el cual el municipio pagará alrededor de 50 mil pesos al mes por cada vehículo, y afirmó que fue la mejor opción que encontraron en el mercado, con el precio más accesible.

 

Tal vez Lezama Espinoza no estaba enterada o pasó por alto el incómodo historial que carga Lumo, ya que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondiente al desempeño financiero de 2016, el gobierno borgista la usó para un entramado en el que afectó la hacienda de la entidad.

 

En ese reporte, la ASF detalla cómo por conducto del secretario de Finanzas y Planeación de ese momento, Mauricio Góngora, contrató un crédito a corto plazo , por 110 millones de pesos, a pagar en 179 días, con una tasa de interés ordinaria de 0.92 por ciento mensual.

 

A la par, solicitó otros tres créditos a corto plazo con Banco Interacciones por un monto total de 396.3 millones de pesos, que sumados al de Lumo, daban un acumulado de 506.3 millones. Pero en el “Estado Analítico de Endeudamiento Neto” de la Cuenta Pública 2016, el gobierno de la entidad sólo reveló 393 millones de deuda pública a corto plazo, quedando en el aire 113.3 millones.

 

Luego, de los 110 millones de pesos del crédito de Lumo, la administración borgista sólo pagó 50.2 millones el 20 de junio de 2016, cuando vencía el plazo para liquidar. El 6 de julio de ese año solicitó la reestructuración del saldo pendiente por pagar, más los intereses, las comisiones, los gastos y demás accesorios que se generaran. Ese mismo día se reestructuró el crédito por 60.4 millones a un plazo de 70 días.

 

La fecha de vencimiento del crédito reestructurado fue el 5 de septiembre de 2016, 20 días antes de que la administración anterior del gobierno de Quintana Roo concluyera su periodo, por lo que el secretario de Finanzas y Planeación incumplió el artículo 30, fracción II, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y  los Municipios, vigente a esa fecha al no liquidar tres meses antes la deuda.

 

“El 16 de marzo de 2016, el gobierno del estado de Quintana Roo constituyó un fondo de reserva por 5.5 millones de pesos requerido como garantía del crédito por la SOFOM-Lumo Financiera. El 14 de septiembre de 2016, esta última, con la liquidación del crédito, debió devolver los 5.5 millones del fondo de reserva al Estado.

 

“Como resultado de la práctica de esta auditoría, se solicitó a la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado gestionar ante la institución financiera la recuperación de los 5.5 millones. El 31 de julio de 2017, la SOFOM-Lumo Financiera depositó en una cuenta bancaria del gobierno de Quintana Roo los 5.5 millones.

 

“Al respecto, el gobierno de Quintana Roo proporcionó el oficio número

SEFIPLAN/SSCF/00596/VII/2017 del 26 de julio de 2017, mediante el cual solicitó a la SOFOM-Lumo Financiera remitir los recursos adicionales a los 5.5 millones, sin embargo, el Estado no acreditó el reintegro de los recursos a la cuenta pública”, informó la ASF. ¿Dónde quedaron ese dinero?

 

 

OTRAS MANCHAS

En 2012, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) investigó a Montaño García, duelo de Lumo, por un presunto conflicto de interés al otorgarle créditos a municipios que simulaban una reestructura de deuda.

 

En julio de 2015 le fue adjudicado directamente, sin proceso de licitación, un contrato con la Secretaría de Educación Pública federal por 159 millones de pesos para el arrendamiento de 382 automóviles.

 

Otro caso fue en Mazatlán, Sinaloa, donde Lumo fue beneficiada para el arrendamiento de carros por más de 120 millones. Ahí, hubo una licitación simulada ya que la otra empresa fue descalificada.

 

En julio de 2017, Lumo “ganó” una licitación en la Secretaría de Relaciones Exteriores para un contrato de arrendamiento por dos años, de 35 vehículos sedán y siete SUV, por 680 mil pesos mensuales. En el concurso, había siete empresas participantes, pero 5 fueron descalificadas, y de acuerdo con diversos reportes las empresas Casanova Vallejo y Jet Van Car tenían mejores tarifas.

 

Una adjudicación directa más ocurrió en Mexicali, Baja California, para la renta de 66 patrullas por un costo de 24 millones 455 mil 241 pesos, en un contrato de abril a diciembre de 2018.

 

Luego, Lumo Financiera obtuvo la “licitación” del alumbrado público de Pachuca, Hidalgo, en junio pasado, por 83 millones de pesos para el arrendamiento de 21 mil 807 luminarias led, a pesar de que la empresa no firmó el acta de fallo y fue la única que entregó propuesta, no hubo más concursantes.

 

 

LOS ‘ATRACTIVOS’ DE LUMO

 

– Desde su creación, en 2011, ha operado financiamiento para estados y municipios, así como arrendamiento en los 3 niveles de gobierno, por 17 mil millones de pesos.

 

– Financiamiento para estados y municipios que requieren liquidez para eventualidades o necesidades urgentes de forma inmediata.

 

– Créditos directos a corto plazo (de 1 a 6 meses)

 

– Créditos quirografarios (que tiene garantías específicas que respalden su recuperación) de acuerdo a la legislación aplicable.

 

– Plazos de contratación de equipo nuevo: de 12 hasta 60 meses dentro del periodo de gobierno, no requiere enganche o pago inicial.

 

– El arrendamiento no computa como deuda pública y no requiere autorización de Congresos locales.

 

– Al final del contrato se ofrece la opción de compra a valor residual, o al renovar el contrato se sustituyen los bienes por activos de nueva generación, lo cual reduce costos de mantenimiento.

 

*Datos publicados en su sitio web.

 

 

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